Más allá del dictamen del juicio civil contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, que se inicia hoy en la Corte Federal de Fort Lauderlade, la extradición a Bolivia de las dos exautoridades se mantiene lejos de ser realidad. El Gobierno de Evo Morales pidió a la administración de Donald Trump “conciencia” para una posible entrega de los ex dignatarios, que ahora se encuentran en Estados Unidos.
Durante el proceso civil se espera que más de una veintena de testigos declaren contra los acusados de la masacre de octubre de 2003.
El ministro de Justicia, Héctor Arce, descartó que el Gobierno boliviano envíe un personero como observador al juicio civil contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, pero se inclinó a que el sistema político de Estados Unidos tome “conciencia” de un posible fallo favorable para las víctimas.
“En este caso no participa el Estado boliviano, pero es un caso importante por lo que vaya a acontecer y ojalá motive al poder político norteamericano, y lo decimos con mucho respeto al Gobierno de Estados Unidos, ojalá, según a lo que establezca su propio juez, tome conciencia de la importancia de este caso y viabilice una extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín”, remarcó el ministro Arce.
Un juez de la Corte Federal de Fort Lauderlade dispuso el inicio de un juicio civil contra ambas exautoridades, quienes se encuentran en Estados Unidos desde que huyeron el 17 de febrero de 2003 tras los conflictos por la denominada guerra del Gas, que derivó con más de 80 muertes a la actualidad.
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El juicio empieza hoy a las 08.00 (hora boliviana) en la Corte Federal de Fort Lauderlade. No se confirmó la asistencia de los dos acusados, ya que su presencia no es obligatoria y pueden ser representados por sus abogados. Sánchez Berzaín no quiso responder si será parte del inicio del proceso.
La oposición alabó que por primera vez en 15 años los dos principales acusados de la masacre de octubre de 2003 estén en el banquillo de acusados. El diputado Gonzalo Barrientos, de Unidad Demócrata (UD), auguró que el juez de Estados Unidos pueda fallar a favor de los familiares de las víctimas.
“Es histórico y ojalá se pueda sentar un precedente legal para su extradición, pero eso está cada vez más lejos porque el Gobierno de Evo Morales dejó a un lado este asunto y no intentó seguir con las gestiones diplomáticas que debe hacer la Cancillería”, acusó Barrientos.
Sobre el tema, el vicepresidente Álvaro García aplaudió que este caso haya iniciado en la materia civil, pero a la vez lamentó que la extradición de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín se haya congelado desde hace ocho años.
“Por lo menos se está haciendo algo de justicia, eso tiene que ver con el resarcimiento económico a las víctimas, esperemos que vaya bien. Luego viene lo fundamental, que es el enjuiciamiento penal de los autores materiales e intelectuales de esa masacre, que es lo que está paralizado, está en manos de la justicia norteamericana y en ocho años no se avanzó nada porque Sánchez de Lozada es un protegido de Estados Unidos”, remarcó García.
La Fiscalía contrató al bufete de abogados estadounidense Rabinowitz-Boudin para que tramite la extradición de las exautoridades acusadas de genocidio en Bolivia. En septiembre de 2012, Estados Unidos rechazó el pedido de extradición porque observó incompatibilidad en las legislaciones de los dos países respecto a los delitos por los que se los reclama.
Ahora, el caso de extradición se encuentra en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde el trámite se congeló hace ocho años.
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