Perú, cicatrices por muertes en protestas son profundas. El vecino Perú con 35 millones de personas lucha por restablecer la estabilidad después de meses de protestas en las cuales las muertes son ineludibles.
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Perú, hogar de unos 35 millones de personas, enormes reservas de cobre y la antigua ciudad inca de Machu Picchu, lucha por restablecer la estabilidad después de meses de protestas y enfrentamientos contra el gobierno que han dejado 49 muertos, con carreteras bloqueadas en todo el país y llamamientos a el presidente y el Congreso a dimitir.
Los crecientes llamados a la justicia representan un obstáculo para restaurar la paz, rota por el dramático derrocamiento del presidente izquierdista Pedro Castillo el 7 de diciembre.
Desde la primera muerte en protesta a mediados de diciembre, los fiscales han abierto al menos 11 investigaciones sobre la muerte de algunas de las personas muertas durante los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
La oficina del fiscal en Juliaca dijo que no estaba autorizada para discutir las investigaciones y la policía se negó a comentar.
Ha habido una pausa en los enfrentamientos desde su apogeo, pero la ira está hirviendo a fuego lento.
Conflictos sociales
Zarai Toledo, becaria postdoctoral del Centro de Política e Investigación Interamericana (CIPR) que ha estudiado los conflictos sociales en Perú, dice que la actual ola de protestas es diferente a cualquiera que haya visto desde el regreso del país a la democracia, y la falta de la rendición de cuentas es peligrosa para la democracia.
“El país es súper impredecible, pero este nivel de represión nos puede ayudar a argumentar que los que han sido víctimas de la represión no se detendrán”, dijo Toledo.
Brayan fue una de las 19 personas asesinadas en Juliaca. Las cicatrices de la violencia están esparcidas por la ciudad, grabadas en las calles y edificios: carcasas carbonizadas de automóviles, llantas quemadas y vidrios rotos ensucian las carreteras. Pancartas antigubernamentales cuelgan de los pasos elevados pidiendo la renuncia del presidente.
Los familiares de las víctimas se unieron, consiguieron apoyo legal y formaron una asociación para alentar a las autoridades a actuar. Están coordinando con familias y organizaciones de todo el país que representan a los muertos durante las protestas para presentar una demanda contra la presidenta Dina Boluarte y otros miembros del gobierno.
Boluarte ha dicho que no habrá «impunidad» cuando se trata de muertes en protestas, pero las familias dicen que han visto pocos avances.
Rosa Luque criticó a las autoridades por no hacer lo suficiente para recopilar pruebas después de que su hijo de 18 años, Heliot Luque, fuera asesinado a tiros alrededor de las 17:30 horas del 9 de enero. Murió de un solo disparo en el pecho, según muestra la autopsia.
