En noviembre pasado, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dejó de lado los límites consagrados en la constitución del país recientemente aprobada en 2009, allanando el camino para que Evo Morales se postule por cuarto período presidencial consecutivo en 2019. La polémica sentencia, que desafió los resultados de un referéndum popular vinculante celebrado en febrero de 2016, cuando los votantes rechazaron por poco la candidatura de Morales para postularse nuevamente, ha seguido perturbando el panorama político de Bolivia.
Al mismo tiempo, una decisión judicial similar en Honduras condujo a una exitosa candidatura a la reelección por parte del presidente conservador Juan Orlando Hernández, luego de un voto amargamente disputado con amplia evidencia de fraude patrocinado por el Estado. Las protestas masivas han persistido durante la toma de posesión de Hernández, dejando más de 30 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos. La coalición opositora se ha negado a reconocer los resultados de las elecciones. El país parece estar tambaleándose al borde de una crisis constitucional o, tal vez, de una guerra civil.
Algunos críticos de Morales han aprovechado estos eventos como un presagio del futuro electoral de Bolivia. «Lo que el presidente socialista confeso de Bolivia y el presidente conservador y puño de hierro de Honduras tienen en común», escribe el analista político Chris Sabbatini:
«Es una sed compartida por el poder y la indiferencia hacia las instituciones y las limitaciones de su autoridad. Cualquier elección futura en Bolivia probablemente siga el libro de estrategias de Hernández de asegurar la victoria electoral a cualquier costo».
En Bolivia, tras la sorpresiva derrota del referéndum de Morales, un gran golpe después de tres victorias electorales consecutivas con márgenes superiores al 60%, el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) se obsesionó con asegurar su reelección de otra manera.
Culpando de la pérdida, por un margen de apenas 136.000 votos, a una conspiración entre las fuerzas de oposición derechistas y la Embajada de los Estados Unidos, el MAS discutió abiertamente estrategias alternativas de reelección. Estos incluyeron: un segundo referéndum constitucional, desencadenado por una votación de la Asamblea Plurinacional o una iniciativa ciudadana; una renuncia al cargo de Morales 6 meses antes de las elecciones; o una sentencia judicial para reinterpretar la Constitución inaugurada por Morales y el MAS, menos de una década atrás.
El MAS eligió el camino judicial como la opción menos riesgosa. El Tribunal Constitucional, cuyos magistrados son elegidos popularmente de listas controladas por la Asamblea Plurinacional dominada por el MAS, generalmente se ha aliado con Morales, por ejemplo, al permitirle buscar un tercer mandato presidencial en 2014, a pesar del límite de dos mandatos de la Constitución. El Tribunal Constitucional dijo que el primer mandato de Morales no contó, porque comenzó antes de que se promulgara la Constitución de 2009.
En el caso actual, dejando de lado los límites a los mandatos, el Tribunal Constitucional consideró que el derecho inalienable de los ciudadanos a «elegir y ser elegido», derivado de la Convención Interamericana de Derechos Humanos -el principal tratado de derechos humanos en el hemisferio- reemplaza a la Constitución. Según el director de Human Rights Watch, José Vivanco, esta interpretación es una lectura errónea de una cláusula diseñada para evitar que los gobiernos abusivos excluyan arbitrariamente a los candidatos de la oposición, no para impedir los límites del mandato constitucional.
El propio Morales ha invocado con frecuencia la soberanía nacional contra los reclamos internacionales de derechos humanos afirmados por grupos indígenas y ambientales que se oponen a las políticas extractivistas de su gobierno, y ha amenazado con retirar a Bolivia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para el jurista David Landau, estas sentencias son ejemplos de «constitucionalismo abusivo»: el uso indebido de la doctrina de los derechos humanos para ayudar a erosionar, en lugar de salvaguardar, la democracia.
En Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), aunque elegido por el Congreso controlado por MAS, constituye un cuarto brazo de gobierno con legitimidad independiente. Incluso los detractores más persistentes de Morales admiten que el fraude electoral ha sido insignificante bajo el régimen del MAS, aunque algunos advierten que Morales podría solicitar que los tribunales suspendan, pospongan o incluso anulen las elecciones si se anticipa un resultado desfavorable.
Curiosamente, el TSE de Bolivia, que organizó el referéndum de 2016 y es responsable de hacer cumplir sus resultados, recientemente acaparó titulares al cuestionar la compatibilidad del fallo del Tribunal Constitucional con el referéndum. Si bien el fallo judicial no hace referencia al referéndum, el TSE insiste en que es «obligatorio, vinculante y actualmente en vigor», lo que levanta la esperanza improbable en algunos sectores de oposición de que el TSE podría negarse a calificar a Morales como candidato.
El escenario más probable es que Morales se postule y vuelva a prevalecer en 2019 a través de medios «legítimos», incluidas las ventajas de la incumbencia proporcionada por el control del MAS del aparato y los recursos del Estado. Si bien hay pocas dudas de que Morales ha perdido la legitimidad del fallo del Tribunal Constitucional, su apoyo en la mayoría de las encuestas de opinión todavía ronda el 50%, con un núcleo duro de 30% que representa su base campesina rural.
Y aunque el 51% de «voto nulo» en las elecciones judiciales de diciembre -alimentado por cinco ex presidentes y políticos opositores- se ha celebrado en algunos sectores como evidencia de una corriente anti-Morales, la experiencia demuestra que los bolivianos votan de manera diferente en las elecciones municipales (y referendos), que en los comicios nacionales.
Un cuarto triunfo de Morales también se deberá en gran parte a la economía. Gracias a las agresivas políticas económicas impulsadas por Morales y su gestión fiscal prudente, Bolivia ha mantenido una de las tasas de crecimiento más altas de América Latina en los últimos años. Bolivia también experimentó la mayor reducción en la desigualdad de ingresos, en contraste, por ejemplo, con Honduras, que tiene la distribución de ingresos más desigual en la región.
Además, como ha señalado el politólogo Jorge Lazarte, Bolivia tiene quizás la oposición política más débil de cualquier país latinoamericano, sin un candidato disponible para competir con el poder, el carisma y el atractivo de Morales hacia la población indígena, mayoritaria del país. Las fuerzas de oposición de izquierda y derecha permanecen fragmentadas, con poco potencial para la unidad. Los principales líderes de la oposición, que todavía tienen sus raíces en los sectores de élite, no han podido generar un discurso que atraiga a una amplia base popular.
Como en Venezuela actualmente, la pérdida de legitimidad gubernamental en Bolivia no ha producido una oposición revitalizada. Esto también contrasta con Honduras, donde los sectores populares progresistas indígenas, campesinos y urbanos se unieron a las fuerzas anticorrupción de centroderecha en una amplia coalición para desafiar al presidente en funciones.
En resumen, a pesar de la desconfianza generalizada en Bolivia de los líderes que maniobran para permanecer en el poder, no está claro que la mayoría de los votantes quieran, o estén dispuestos a aceptar, una alternativa al status quo.
