Gonzalo Sánchez de Lozada vivió sus últimos días en La Paz con los nervios en vilo. Sabía que iba a perder el poder político, pero en el fondo no quería dejar su fortuna. Fue un magnate de la minería y gracias a ese rubro logró acumular millones de dólares.
El 17 de octubre de 2003 huyó rumbo a Estados Unidos y dejó en Bolivia 69 inmuebles y 18 acciones bancarias. Hoy, el expresidente no realiza ningún trabajo, pero hasta hace cuatro años presidía la empresa Petromina LLC, firma asentada en Washington y dedicada a la asesoría e inversión en minería y en hidrocarburos.
Los bienes y acciones de Sánchez de Lozada ahora están bajo la figura de hipoteca legal, que es la inscripción para garantizar la eventual reparación de los daños por parte del imputado. Varios de los inmuebles del exmandatario están alquilados y el dinero recibido son administrados por familiares de la esposa del expresidente, Ximena Iturralde.
Diario El Deber accedió a documentación que revela la cantidad de bienes y acciones anotadas de los demandados por el caso octubre negro. Son 17 acusados —entre ellos Sánchez de Lozada, 11 exministros y cinco militares— y 272 bienes y acciones están en hipoteca legal. Las 69 propiedades del expresidente son casas, terrenos y parcelas; están en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Potosí.
A la vez tenía 18 acciones en el sistema financiero del país: en el Banco Solidario (BancoSol), en el Fondo Financiero Privado Prodem y en la Compañía Minera Aluvional.
Las otras propiedades
Los demás de 168 inmuebles se reparten entre sus 11 exministros y cinco militares. El único investigado que no tenía propiedades es Jorge Berindoague, extitular de Minería e Hidrocarburos.
Por ejemplo, Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Defensa, solo tenía una cuenta bancaria y acciones en tres empresas.
Milton Mendoza fue el fiscal designado para investigar los hechos de octubre de 2003. El abogado asumió el reto en 2005 y explica que la Fiscalía en esa época pidió a la Corte Suprema de Justicia que los bienes de los imputados y acusados puedan ser anotados bajo una hipoteca legal.
“Estos inmuebles están hipotecados legalmente, eso quiere decir que nadie los puede vender, hipotecar ni transferir. Son varios inmuebles, incluso (Javier) Torres Goitia tiene todo un edificio en La Paz y el único que no tenía propiedades era Jorge Berindoague”, relata Mendoza.
El exfiscal añade que se instalaron tres demandas de reparación de daños que iniciaron las víctimas (dos en La Paz y una en Sucre). Estas demandas eran contra dos exministros y los cinco militares. El abogado dice que la justicia ya estableció un monto.
Debido a estas tres demandas, las 35 propiedades anotadas de los cinco militares que tienen sentencia —Juan Véliz, Alberto Aranda, José Quiroga, Roberto Claros y Alberto Rocabado— ingresaron al proceso de remate para poder indemnizar a las víctimas.
Sánchez de Lozada dejó sus propiedades a los familiares de su esposa. En su casa del barrio paceño de Obrajes vivía su suegra y una de sus sobrinas. Hoy, en esa propiedad funciona la administración de un laboratorio de medicinas. Según los vecinos, esta empresa alquila el inmueble y se instaló hace cuatro años.
