Defensor del Pueblo en Bolivia, Comunidad Ciudadana pide cambios

Defensor del Pueblo en Bolivia, Comunidad Ciudadana pide cambios. Comunidad Ciudadana presenta tres modificaciones a la ley del defensor del pueblo para asegurar la independencia en Bolivia.

Defensor del Pueblo Bolivia

Carlos Alarcón y Oscar Balderas, legisladores de Comunidad Ciudadana, presentaron un proyecto de modificación a la ley del Defensor del Pueblo en Bolivia.

El propósito de los diputados es garantizar la independencia e imparcialidad del gobierno. En concreto, formulan el cambio de tres aspectos de la actual norma para recuperar la independencia institucional de la defensoría.

Alarcón defiende la “independencia” que la Defensoría debe gozar “frente a cualquier poder político y partidario”. Con las reformas propuestas, se quiere “recuperar la imparcialidad de una institución fundamental en el quehacer de los derechos humanos individuales y colectivos”, afirma el diputado.

Las modificaciones planteadas sugieren, en primer lugar, crear los mecanismos que garanticen la postulación de personas ajenas a partidos políticos o instituciones partidarias. La propuesta considera un periodo de 10 años previos sin registro o filiación, una forma de frenar candidatos que “contaminen“ la institución al “no cumplir los verdaderos objetivos que debe tener”, aseveró Alarcón.

En las últimas elecciones subnacionales, el defensor del pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, renunció a la institución para presentarse como candidato a la alcaldía por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Los legisladores de Comunidad Ciudadana advierten que las inclinaciones políticas de un Defensor del pueblo pueden alterar la imparcialidad de sus determinaciones.

Finalmente, la modificación planteada pretende resolver un problema que ha sostenido la institución durante mucho tiempo. El desempeño de funciones bajo la nominación de interinato ha perdurado en la Defensoría del pueblo provocando la desinstitucionalización de la entidad. La propuesta estipula tres meses de periodo máximo de interinato, un tiempo “suficiente” para convocar y postular en el Asamblea Legislativa la nueva autoridad.

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