Conflicto de cocaleros, el estallido reprimido. En 2017 la Oficina de Naciones Unidas contra Droga informó que el 65% de los cultivos de coca se encontraban en la región de Yungas. El resto, en el Trópico de Cochabamba. Las áreas cultivadas aumentaron 6%.
Conflicto de cocaleros
La expansión del cultivo de coca ha sido acompañada por un auge poblacional. La mayoría proviene de la alta meseta andina de habla aymara. Entre 2001 y 2012, la población de La Asunta aumentó de 18 mil a casi 40 mil habitantes. Más del 90% viven de la coca.
En resumen, por la importancia de su producción y por su dinamismo, esta nueva región de producción rivaliza con la de Chaparé. Y ella se ha liberado de ciertas restricciones legales.
La guerra abierta entre cocaleros de los dos trópicos comenzó después que el gobierno decidiera legalizar la producción y venta de Coca de Chaparé. Hasta entonces, efectivamente, los cocaleros de Yungas se asentaron en la zona de producción tradicional de la hoja y se agruparon en la Asociación Departamental de Productores de Cacao (Adepcoca), que tenía el monopolio del mercado legal.
Pero el 8 de marzo de 2017, el gobierno decidió aumentar el área de cultivo legal, de 12 a 22 mil hectáreas, distribuida de este modo: 14.300 en Las Yungas y 7.700 en Chaparé.
Una decisión celebrada por el siguiente discurso de Evo Morales. «El pueblo boliviano derrotó al Imperio y sus lacayos. Desde aquí (el Trópico de Cochabamba) no solo hemos defendido la hoja de coca sino también la soberanía nacional».
Los primeros disturbios estallaron en abril de 2018 cuando la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), compuesta por oficiales de policía y soldados, comenzó a buscar excedentes en el municipio de La Asunta. Varios cocaleros resultaron heridos, y otros fueron arrestados. Un acuerdo entre las dos partes, firmado el 18 de abril, calmó temporalmente los espíritus.
Franklin Gutiérrez
Luego, los enfrentamientos entre los cocaleros y el personal de la FTC se reanudaron en agosto. Según el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, 1.225 hectáreas de plantas ilegales ya habían sido arrancadas y se habían eliminado 270. El presidente de ADEPCOCA, Franklin Gutiérrez, denunció los abusos y la violencia de las fuerzas responsables del asalto y los acusó de robar herramientas, motosierras e incluso dinero de los agricultores.
El 21 de agosto, el arresto de once cocaleros llevó a los líderes de ADEPCOCA y al Consejo de Federaciones Campesinas de Yungas a convocar una asamblea general para el 24 de agosto. Sin embargo, el coronel Marco Ibáñez, director de la fuerza antidrogas, acusó a los cocaleros de La Asunta de traficantes y denunció el uso de armas de fuego. Afirma haber descubierto el 31 de julio un pozo de maceración de hojas de coca y un taller de fabricación de cocaína.
A fines de agosto, cuando el enfrentamiento causó tres muertes, un teniente y dos habitantes, y más de 15 heridos, reiteró la orden de continuar el trabajo de asalto. Finalmente, el 27 de agosto, Franklin Gutiérrez fue arrestado y puesto bajo custodia. Se le acusa de ser el líder intelectual de la muerte del teniente.
Los cocaleros organizaron una marcha de protesta a La Paz, donde llegaron el 3 de septiembre, luego de intentar bloquear el camino de acceso a la capital. Sin embargo, sus esfuerzos para obtener la salida de la Fuerza de Tarea Conjunta, la liberación del secretario ejecutivo de ADEPCOCA, Franklin Gutiérrez, y la derogación de la Ley General de Coca. fueron en vano.
Por el momento, Franklin Gutiérrez sigue recluido en prisión. Sus solicitudes de libertad condicional fallan una a una. Según su abogado, el gobierno lo presionaría para que dimita como presidente de ADEPCOCA.
Es fácil entender por qué fue silenciado. Además de liderar la lucha contra la erradicación, estaba considerando postularse para las elecciones presidenciales de 2019. Y también pronunció un discurso altamente subversivo: «Pido al gobierno que mueva la Fuerza De Tarea Conjunta en Chaparé. En todo el país y en el extranjero se sabe que los reyes del narcotráfico están en el Chaparé y han ingresado en el TIPNIS. Por eso no permitimos que las comisiones de inspección ingresen a este territorio».
