Bolivia detiene presunto envío de armas de Estados Unidos. Gobierno de Bolivia afirma que estas armas fueron enviadas por Estados Unidos para «armar a las fuerzas de oposición» en la región de Santa Cruz.
Bolivia armas Estados Unidos
El envío contenía un lote de armas automáticas, semiautomáticas y otras armas de alto calibre, según el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Limbert Coca.
La carga fue descubierta después que los funcionarios de aduanas sospecharan y ordenaran «una verificación física y documental».
Descubrieron que el alijo de armas y otros materiales estaban camuflados y escondidos debajo de cajas vacías y ropa, explicó Coca.
Durante la búsqueda, se encontró un documento que vinculaba las armas y municiones a Estados Unidos, desde donde se enviaba a la empresa Import Export, con sede en Santa Cruz.
Actualmente se encuentran en marcha investigaciones policiales para comprobar la veracidad de la documentación con expediente abierto por los delitos de tráfico y delitos relacionados con armas.
Santa Cruz
Santa Cruz está dirigida por el gobernador de derecha Luis Fernando Camacho, quien es un partidario abierto del golpe de estado respaldado por Washington de 2019 que derrocó al expresidente Evo Morales.
Lo ha utilizado como base desde la cual organizar protestas contra el gobierno y otras acciones en un intento de derrocar al gobierno del presidente Luis Arce, liderado por el Movimiento Hacia el Socialismo.
El arresto de Camacho se ordenó en diciembre por delitos de sedición, terrorismo y conspiración relacionados con el golpe cuando encabezó a los manifestantes en el saqueo del palacio presidencial.
Se alega que rompió la bandera indígena Wiphala y dijo que «Dios ha regresado», mientras sostenía una Biblia.
También está bajo investigación por el retiro de la bandera en una ceremonia regional con motivo de la fundación de la ciudad de Santa Cruz en septiembre, lo que provocó que sus partidarios se amotinaran y atacaran a los indígenas.
Decenas de indígenas bolivianos murieron en las masacres de Senkata y Sacaba cuando la presidenta interina Jeanine Anez movilizó a las fuerzas armadas para sofocar las protestas.
Permanece en prisión acusada de delitos relacionados con los asesinatos y los hechos ocurridos durante su mandato.
Pero el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha exigido su liberación junto con Amnistía Internacional y Human Rights Watch.