Bolivia bordea el caos, antes de elecciones presidenciales. Cuando falta aproximadamente un mes para las elecciones generales de Bolivia, el país está sumido en una violenta lucha política.

Bolivia elecciones presidenciales

El 20 de septiembre Miguel Roca, del partido centrista Comunidad Ciudadana, fue apedreado en la ciudad de La Paz.

Ese mismo día, matones impidieron a los partidarios del partido de izquierda Movimiento al Socialismo del país realizar un mitin electoral.

Varios días antes, simpatizantes de ambos partidos se habían involucrado en peleas callejeras en la ciudad de Oruro , la misma ciudad donde el 17 de septiembre Luis Fernando Camacho, del partido derechista Creemos, fue atacado con piedras.

Las elecciones de octubre de 2019 derivaron en semanas de protestas por acusaciones de irregularidades, dejando 35 muertos y 800 heridos. Se puede esperar que las próximas elecciones del 18 de octubre precipiten una violencia similar.

Después de todo, la sociedad boliviana se ha polarizado profundamente. Tanto es así que la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH) junto con la Corte Nacional Electoral de Bolivia han instado a todos los actores políticos a aliviar tensiones y abstenerse de la violencia.

César Muñoz

Cesar Muñoz de Human Rights Watch (HRW) es una rara excepción. Muñoz es de nacionalidad española y ha trabajado con la organización no gubernamental (ONG) durante seis años. En su último informe de HRW, presenta un panorama desolador del statu quo del país.

Basado en entrevistas con 90 legisladores, activistas de derechos humanos y personas que presenciaron actos de violencia, Muñoz argumenta que Bolivia necesita desesperadamente reformar su poder judicial: “Necesita un poder judicial independiente que no esté instrumentalizado para perseguir enemigos políticos y abusado como arma política”.

César Muñoz ha leído la acusación de 1.500 páginas contra Evo Morales que lo acusa de terrorismo y financiamiento del terrorismo. “No encontramos pruebas de que hubiera realizado actos de terrorismo”, dice Muñoz. Todo el caso “está basado en conversaciones privadas que mantuvo Morales en las que dijo cosas inquietantes”. Pero Muñoz dice que nada de esto justifica una posible sentencia de cárcel de 20 años.

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