Ocho fiscales firmaron la imputación formal contra dos mujeres que realizaban una protesta con pancartas en contra de la vocal Carmen del Río Quisbert Caba por un tema de herencia.
Las procesadas, Ana Patricia Quisbert Caba y Adelina Quisbert Caba denunciaron abuso de poder de parte del Ministerio Público que designó ocho fiscales con el propósito de «amedrentarlas» y «someterlas» como si se tratara de un caso complejo y de alta peligrosidad.
«Estamos siendo sometidas a un abuso de poder de parte de la vocal Carmen del Río Quisbert Caba porque ocho fiscales son los que firman la imputación formal de esta persona contra nosotras, por el solo hecho de haber ejercido nuestro derecho a la protesta, pidiendo justicia», denunció Ana Quisbert a ANF.
Ambas mujeres fueron imputadas por violencia familiar o doméstica porque con las pancartas habrían «generado presión, chantaje, amedrentamiento, dañar su nombre, imagen y el prestigio» de su hermana.
Las procesadas exigen que la vocal cumpla con un acuerdo «conciliatorio herencial» firmado en 2016 para poner fin al conflicto por la herencia dejada por su padre.
«Nosotras no hemos robado, no hemos matado, no hemos hecho llorar a la gente, no hemos vendido ningún bien que no sea nuestro, mi y yo hermana estamos siendo sometidas y no tenemos ningún poder político y mucho menos judicial para que se nos someta de esta manera», manifestó Ana Quisbert.
Por la presión que ejerce el Ministerio Público, dijeron que se vieron obligadas a aceptar el delito para someterse a un juicio abreviado, pero esperan que la fiscal directora del caso, Evelyn Calderón Yana, sea imparcial porque nunca consideró sus pruebas de descargo y por el contrario las maltrata y humilla.
«Ella, ha pedido nuestra detención con custodio: ‘señora fiscal, nosotras no somos delincuentes, no hemos robado nada en nuestra vida, se nos ha armado un proceso del cual usted está siendo parte'», apuntó.
Las mujeres protestaron con pancartas en siete ocasiones para exigir el cumplimiento del acuerdo conciliatorio herencial, pero con la imputación la fiscal les prohibió cualquier manifestación, así como que denuncien el tema ante alguna institución. El caso es conocido y lo sigue la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz.
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